“Si no se hubiese derramado petróleo en Osorno, esta discusión hubiera aparecido con seguridad en otro evento, tanto o más grave que el que afectó a la población de esa ciudad”. Los investigadores del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) plantean en esta columna que, para evitar otra crisis como esa, es necesario entender el abastecimiento de agua potable como “un derecho humano y un servicio básico (…). Ello requiere actualizar la regulación sanitaria aprobada hace 30 años, otorgar mayores atribuciones y recursos al ente regulador, y concienciar a las personas del valor de este recurso esencial”.

Las plantas potabilizadoras son infraestructura crítica y su operación es fundamental porque el suministro de agua potable es prioritario en todas las sociedades. La Asamblea General de la ONU reconoció (2010) el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial, y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS propone como meta el acceso universal y equitativo al agua potable.

La planta de tratamiento de agua de Osorno (según información publicada en La Tercera el 23 julio), apagaba su sistema eléctrico convencional para limpiar el agua y utilizaba un generador eléctrico alimentado con petróleo durante la noche. En el llenado de dicho generador se habría producido el vertido de petróleo con el desafortunado desenlace que conocemos.

Este incidente muestra que los sistemas de abastecimiento de agua potable son complejos. Usan fuentes de agua cuyas características pueden variar por causas naturales, humanas, o una combinación de ambas, y dependen del suministro de energía para operar. La falla en un componente puede repercutir en el desempeño global de un sistema de abastecimiento. Frente a lo ocurrido en Osorno emergen dos preguntas: ¿qué tan sustentables son los sistemas de tratamiento de agua? y ¿qué tan resilientes son los sistemas de suministro agua potable?

A nivel internacional, las empresas sanitarias han realizado importantes esfuerzos para reducir las emisiones de carbono asociadas a la provisión de agua potable y tratamiento de aguas servidas. En Chile se ha fomentado la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable cuya huella de carbono generada es inferior a la producida por el petróleo o el carbón. El factor de emisión de CO₂ medio del sistema eléctrico en Chile durante 2018 fue de 0.41 tCO_2eq/MWh (CNE, 2019), mientras el factor en generadores a petróleo es aproximadamente 0.65 tCO_2eq/MWh (IPCC, 2006). Por lo tanto, no parece sustentable usar este combustible en plantas de tratamiento de agua, a menos que haya una falla en el suministro eléctrico. Para alcanzar los objetivos internacionales en materia de cambio climático, es fundamental que organizaciones, empresas, academia, Estado y ciudadanía pasemos del discurso de sustentabilidad a la acción.

¿Qué características debería cumplir un sistema resiliente para entregar agua potable de forma segura en términos de continuidad, calidad y cantidad? Se requiere de infraestructura con cuatro características (MCEER, 2006): 1) Robustez:  habilidad del sistema para resistir un nivel dado de estrés o demanda sin perder sus funciones; 2) Redundancia: la existencia de sistemas o unidades capaces de sustituir el sistema original para satisfacer la demanda de agua funcional en caso de interrupción, degradación o pérdida de funcionalidad; 3) Disponibilidad de recursos: capacidad de identificar, establecer prioridades y movilizar recursos para enfrentar crisis o problemas y 4) Rapidez: capacidad de responder a las prioridades y metas en un tiempo tal que permita contener pérdidas y evite disrupciones en el futuro.

Los problemas de Essal en Osorno y de otras plantas de tratamiento de agua que han ocasionado interrupciones en el servicio, ponen de manifiesto la baja resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable en el país. En materia de eventos catastróficos, naturales o antrópicos, todas las empresas sanitarias deben contar con un “Plan de Emergencia y Desastres”, especificando las acciones preventivas y respuestas ante emergencias y desastres.  A la vista de los acontecimientos, pareciera que el alcance de dichos planes no ha sido suficiente para mejorar la resiliencia de los sistemas.

Para enfrentar los desafíos del sector sanitario se necesita una actuación a nivel país, considerando el abastecimiento de agua potable, como lo que es, un derecho humano y un servicio básico para la ciudadanía. Ello requiere actualizar la regulación sanitaria aprobada hace 30 años, otorgar mayores atribuciones y recursos al ente regulador, y concienciar a las personas del valor de este recurso esencial.

Si no se hubiese derramado petróleo en Osorno, esta discusión hubiera aparecido con seguridad en otro evento, tanto o más grave que el que afectó a la población de esa ciudad. Es necesario que exista una revisión sistémica que ponga en valor las lecciones aprendidas en esta y otras áreas donde la infraestructura y su operación cuidadosa es relevante.

Lo que esta vez pasó en una planta de agua, podría ocurrir en otra instalación; en un puente, en una matriz de agua potable, en una represa, etc. La operación de infraestructura requiere mantenimiento y monitoreo que asegure su capacidad resiliente y no se puede escatimar recursos en ello.

Los autores son investigadores del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, y académicos del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile.