“Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada” está disponible en: http://hrw.org/node/113779

(México D.F., 20 de febrero de 2013) – Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, comprobó Human Rights Watch. 

El informe de 193 páginas, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada,documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales. 

“El Presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”. 

Human Rights Watch encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En algunos casos, como las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Marina sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados. 

En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el paradero de estos hombres. 

Las casi 250 desapariciones documentadas en Los Desaparecidos de México no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25.000 personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.  

Es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar, según comprobó Human Rights Watch. Las escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones. 

En ninguno de los 249 casos documentados por Human Rights Watch se ha condenado a los responsables de las desapariciones. 

La falta de diligencia en las investigaciones, o la ausencia absoluta de medidas en este sentido, potencian el sufrimiento de los familiares, para quienes no saber qué sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Más grave aún, los familiares de personas desaparecidas pueden perder el acceso a servicios sociales básicos que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima, lo cual los obliga a intentar recuperar estos beneficios, como cuidados infantiles, mediante procedimientos lentos que tienen un alto costo económico y emocional. 

Luz María Durán Mota, cuyo hijo Israel Arenas Durán, de 17 años, desapareció junto con tres compañeros de trabajo en Monterrey, Nuevo León, tras ser detenidos por policías locales en junio de 2011, dijo a Human Rights Watch: “Es una tortura diaria, el no saber dónde está. Que si lo están torturando. Que si ya comió”.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Calderón para afrontar este problema fueron tardías y evidentemente inadecuadas. Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos. En el último año, reconoció que se habían producido abusos y se comprometió a adoptar medidas para abordarlos. Sin embargo, no cumplió la mayoría de sus compromisos, como completar un registro nacional de personas desaparecidas o presentar un nuevo proyecto legislativo al Congreso para reformar el Código de Justicia Militar, a fin de adecuarlo a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias sobre el tema. 

El informe también documenta ejemplos de medidas positivas adoptadas en el ámbito de los estados para abordar las desapariciones. En Nuevo León, en respuesta a presiones de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y agentes del Ministerio Público han comenzado a investigar seriamente un grupo específico de aproximadamente 50 casos de desaparición. Si bien hasta el momento los avances han sido limitados, y solamente se ha logrado encontrar los restos de unas pocas personas desaparecidas, este esfuerzo conjunto muestra que recuperar la confianza de los familiares de víctimas y otorgarles herramientas para que puedan exigir a los agentes del Ministerio Público que rindan cuentas por su actuación son pasos que pueden ayudar a superar algunos de los obstáculos más importantes que se interponen a las investigaciones. 

En definitiva, el éxito de las iniciativas en los estados dependerá en gran parte de si el gobierno federal adopta pasos para abordar el problema. Para ello, Human Rights Watch ha instado al gobierno mexicano a:

• Crear bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados.
• Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria.
• Revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
• Dictar un decreto por el cual se exija que todas las personas detenidas sean llevadas inmediatamente a la agencia del Ministerio Público y se indique claramente que en ningún caso los detenidos podrán ser trasladados a establecimientos militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos.

La desaparición forzada constituye un delito “continuo” conforme al derecho internacional, dado que persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de las víctimas mientras se desconoce o se oculta cuál fue la suerte de la persona desaparecida.

“Si bien es posible que las desapariciones hayan comenzado mientras Calderón estuvo en el poder, no concluyeron al finalizar su mandato”, aseveró Vivanco. “Miles de personas desaparecidas aún no han sido encontradas. Numerosos soldados y policías ocultan la verdad acerca de cuál fue su destino. Y los familiares de las víctimas continúan sufriendo por no saber qué ocurrió a sus seres queridos”.